La UE tramita una ecotasa por emisiones de CO2 que apoya el PSOE y que costaría a España 1.200 millones

La UE tramita en estos momentos una nueva ecotasa. Lo hace con apoyo del Partido Socialista. Se trata de un impuesto contra las denominadas «importaciones de carbono», tal y como refleja el documento registrado el pasado mes de febrero en la Eurocámara. La ecotasa en cuestión podría tener un impacto de casi 1.200 millones de euros en la economía española y pretende encarecer la adquisición de productos que no hayan sido elaborados con las exigencias medioambientales y de control de emisiones contaminantes de la UE. Entre ellas, las que exigen las reducciones de emisiones contaminantes. La industria española quedaría dentro de este grupo de importadores.

La UE estima que la recaudación máxima de la ecotasa que defiende el Partido Socialista podría alcanzar los 14.000 millones de euros, lo que implica que el golpe a España -que representa el 8,4% del PIB europeo- alcanzaría los 1.178 millones de euros.
 El informe presentado por el Parlamento Europeo se titula Hacia un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera por emisiones de carbono compatible con la OMC.

Se tramita dentro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Y cuenta con todo el apoyo de los socialistas.
El texto de la propuesta defiende la necesidad del impuesto por «los efectos adversos del cambio climático», porque, «según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir del año 2030 se espera que el cambio climático provoque unas 250.000 muertes adicionales al año debido a la malnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés térmico» y porque «la Unión y sus Estados miembros se han comprometido, en virtud del Acuerdo de París, a adoptar medidas en relación con el clima sobre la base de las últimas pruebas científicas disponibles y tienen ahora el objetivo de lograr la neutralidad climática a más tardar en 2050».

Impactos de ciclos de vida

Por todo ello, el informe destaca que «la Comisión debe estudiar también la trazabilidad de los productos y servicios para identificar con mayor precisión todos los impactos de sus ciclos de vida, como la extracción y el uso de materiales, el proceso de fabricación, el uso de energía y el modo de transporte utilizado, con el fin de crear bases de datos». Y es que, según los datos del informe, «alrededor del 27% de las emisiones mundiales de CO2 procedentes de la quema de combustibles están asociadas actualmente a mercancías objeto de intercambios comerciales internacionales; el 90% del transporte internacional de mercancías se realiza por mar, lo que genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero; sólo las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la navegación interna se incluyeron en la contribución inicial de la Unión determinada a nivel nacional».

La consecuencia del informe es rotunda: «Apoya la introducción de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, siempre que sea compatible con las normas de la OMC y los acuerdos de libre comercio de la Unión (ALC) por su carácter no discriminatorio o por no constituir una restricción encubierta al comercio internacional; considera que, como tal, el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono crearía un incentivo para que las industrias europeas y los socios comerciales de la Unión descarbonizaran sus industrias y, por consiguiente, apoyaría las políticas climáticas tanto de la Unión como mundiales en pro de la neutralidad de los gases de efecto invernadero, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París».

El impuesto, además, es visto por sus impulsores como una oportunidad de recaudar en la UE. Por ello el informe «respalda la intención de la Comisión de utilizar los ingresos generados por el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono como nuevos recursos propios para el presupuesto de la Unión, y pide a la Comisión que garantice la plena transparencia del uso de dichos ingresos».

Y no contentos con ello, introducen, además, un curioso punto de vista: «No obstante, el papel presupuestario del mecanismo de ajuste debe ser sólo un aspecto secundario del instrumento; esos nuevos ingresos deben servir para aumentar la ayuda para la acción por el clima y los objetivos del Pacto Verde, como la transición justa y la descarbonización de la economía de Europa, así como para aumentar la contribución de la Unión a la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático en favor de los países menos desarrollados y los estados insulares en desarrollo, que son los más vulnerables al cambio climático, en particular para ayudarlos a desarrollar un proceso de industrialización basado en tecnologías limpias y descarbonizadas».

Las estimaciones de recaudación parten de la propia UE: «Diversas estimaciones prudentes de ingresos oscilan entre 5.000 millones de euros y 14.000 millones anuales, dependiendo del alcance y el diseño del nuevo instrumento». España representa un 8,4% del PIB de la UE, por lo que le corresponden 1.178 millones de euros a pagar por culpa del nuevo impuesto. Y, según los ponentes, la importancia es decisiva. Porque «la Unión es el mayor importador de carbono del mundo y el contenido de carbono de los bienes exportados desde la Unión es muy inferior al contenido de carbono de los bienes importados».